La normativa estableció un marco legal que regularizó las condiciones y el trabajo de los mineros. Además, promovió la creación de infraestructura básica necesaria para las actividades de la industria.
Minería16 de enero de 2025
Redacción Diario Popular Digital
Uno de los documentos más relevantes de esa época, conservado en el Sistema Provincial de Archivos y la Dirección de Archivo General de la Provincia, es el Decreto del Poder Ejecutivo del 16 de julio de 1863. En este decreto, Sarmiento abordó la informalidad que prevalecía en el sector minero, identificando cómo esta situación afectaba tanto a los trabajadores como a los empresarios. Para remediar esta problemática, el decreto estipulaba que todos los contratos de sociedad para trabajar minas debían formalizarse antes del 1° de septiembre de ese año y presentarse a la Diputación de Minas antes del 1° de octubre.
Esta normativa permitió a Sarmiento registrar formalmente a los trabajadores y empresas involucradas en la explotación minera, brindando un orden que hasta entonces no existía. Este registro no solo mejoró la organización del sector, sino que también garantizó una mayor protección y derechos para los trabajadores, estableciendo un precedente en la regulación laboral en la minería.
El decreto también especificaba las sanciones para aquellos que no cumplían con las nuevas regulaciones, asegurando transparencia y claridad en las operaciones mineras. Gracias a esta medida, se pudo controlar de manera más eficiente la explotación de recursos y su destino, marcando un avance significativo en la gestión minera de San Juan.
En aquellos años, la provincia contaba con importantes emprendimientos mineros en Calingasta, Iglesia, Jáchal y Valle Fértil, como las minas de Tontal, Hilario, Chila, Salado, Guachi, Gualilán y Marayes. La producción minera de 1864 alcanzó valores significativos, reflejando la efectividad de las políticas implementadas por Sarmiento.
El legado de Domingo Faustino Sarmiento en la minería de San Juan es profundo. Su enfoque en regularizar y proteger a los trabajadores mineros no solo mejoró las condiciones laborales, sino que también sentó las bases para un desarrollo más sostenible y ordenado de la industria en la provincia, consolidando la minería como un pilar fundamental de la economía local.
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