La Defensoría del Pueblo recomienda a los bancos mejorar la atención para evitar largas filas y demoras

La Defensora del Pueblo, Dra. Florencia Peñaloza, en el ejercicio de su función de proteger los derechos de los consumidores, emitió una resolución recomendando a las entidades bancarias de la provincia revisar y mejorar sus mecanismos de atención. Esta decisión surge a raíz de numerosas denuncias recibidas por ciudadanos que expresaron su malestar ante las largas filas y excesivas demoras en la asignación de turnos en distintas sucursales.

_"Es imperioso que los bancos garanticen una atención acorde a la normativa vigente, evitando que los consumidores padezcan esperas prolongadas y condiciones inadecuadas, especialmente al exponerse a factores climáticos adversos"_, señaló la Defensora del Pueblo.

En este sentido, la Ley 748-D establece que las personas no deben esperar más de 30 minutos para ser atendidas en entidades financieras y comerciales, considerando una infracción cualquier demora superior a ese límite. Además, impone a los bancos la obligación de contar con instalaciones adecuadas para la comodidad de los usuarios, incluyendo sanitarios.

La Defensoría del Pueblo instó a todas las entidades bancarias con presencia en San Juan, tales como Banco Superville, Banco Nación, Banco San Juan S.A., Banco Santander Río, Banco ICBC, Banco CREDICOOP, Banco Galicia, Banco Hipotecario, Banco Francés y Banco Macro, a revisar sus prácticas internas y garantizar el cumplimiento de la legislación vigente.

Asimismo, la recomendación se extendió a la Dirección de Defensa al Consumidor, como autoridad de aplicación de la normativa, solicitando que adopte las medidas necesarias para asegurar que los bancos cumplan con sus obligaciones. La Defensoría también propuso la creación de una mesa de diálogo interinstitucional para fortalecer la colaboración en la materia.

El organismo espera una respuesta por parte de los bancos y de la Dirección de Defensa al Consumidor dentro de los próximos 30 días, a fin de conocer las acciones adoptadas para proteger los derechos de los usuarios.