La Defensora del Pueblo, Dra. Florencia Peñaloza, acompañada por beneficiarios afectados, pidió a la Justicia Federal que se restituyan de inmediato las pensiones no contributivas por invalidez suspendidas en la provincia. También solicitó que se declare inconstitucional el decreto nacional que habilitó estas medidas
Defensoría del Pueblo19 de septiembre de 2025
Redacción Diario Popular Digital
La Defensoría del Pueblo presentó este viernes un amparo colectivo ante la Justicia Federal contra el Estado Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con el objetivo de dejar sin efecto las suspensiones de pensiones no contributivas por invalidez laboral que comenzaron a aplicarse en la provincia desde abril de este año.
La acción judicial, acompañada por un grupo de beneficiarios afectados, reclama que se restituyan de manera inmediata los haberes suspendidos y que se adapten los procedimientos de auditoría a lo establecido en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos.
Además, se solicita que se declare la inconstitucionalidad del Decreto 843/2024, norma que reinstauró criterios restrictivos ya superados y que, según la Defensoría, significan un retroceso en la protección de las personas con discapacidad.
La Defensora del Pueblo, Dra. Florencia Peñaloza, afirmó: _“No se trata solo de un trámite administrativo. Hablamos de personas que, de un día para el otro, quedaron sin su único ingreso para vivir. Las pensiones tienen carácter alimentario y su suspensión pone en riesgo la salud, la vida y la dignidad de miles de familias sanjuaninas”._
Asimismo, señaló: _“El Estado tiene la obligación de garantizar derechos y no de vulnerarlos. Lo que pedimos a la Justicia es que se restituyan las pensiones y se frenen estas medidas arbitrarias que profundizan la vulnerabilidad de quienes menos tienen”._
El amparo presentado incluye además una medida cautelar para que el Estado Nacional no dicte nuevas suspensiones mientras dure el proceso judicial.
Finalmente, la Defensora remarcó: _“La protección de las personas con discapacidad es un mandato constitucional y una responsabilidad internacional que la Argentina asumió. No vamos a permitir retrocesos en materia de derechos humanos”._
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