La Defensoría del Pueblo solicita garantías en el acceso a medicamentos para jubilados y pensionados

La Defensoría del Pueblo de San Juan emitió una resolución en la que denuncia el impacto negativo de las modificaciones que endurecen los requisitos para el acceso a medicamentos con cobertura total por razones sociales a los afiliados del PAMI.

La resolución destaca que las nuevas medidas vulneran derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional, tratados internacionales y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Además, advierte que las exigencias administrativas, como la inscripción digital obligatoria, discriminan a un sector de la sociedad como lo son los jubilados y las jubiladas.

_“Es inadmisible que los adultos mayores deban enfrentar trabas burocráticas y administrativas para acceder a los medicamentos que necesitan. Estas medidas no solo afectan su salud, sino que además violan el principio de no discriminación consagrado en nuestra legislación y tratados internacionales”_, expresó la Defensora.

En este marco, la Defensora del Pueblo ha solicitado a la Defensoría del Pueblo de la Nación que ejerza su legitimación procesal contra las medidas del INSSJP, y ha instado a este organismo a implementar un entrecruzamiento de datos con ANSES y otras bases oficiales para automatizar los trámites de acceso al subsidio. La Defensoría también resalta la necesidad de adoptar un enfoque que respete el principio de no discriminación y garantice la dignidad de los adultos mayores.

Cabe recordar que el derecho a la salud, consagrado en la Constitución Nacional y Provincial, no solo implica la ausencia de enfermedad, sino el acceso equitativo a servicios médicos y medicamentos como bienes sociales esenciales. Asimismo, la creciente inflación y los elevados costos de vida colocan a los jubilados y pensionados en una situación de extrema vulnerabilidad.

_“El acceso a la salud no puede estar condicionado por ingresos, propiedades o trámites complejos. Es una obligación del Estado y de sus organismos garantizar que ningún adulto mayor quede excluido de su derecho a vivir con dignidad”_, concluyó la Defensora del Pueblo.

La Defensoría reafirma su compromiso de proteger los derechos de los adultos mayores, exigiendo acciones concretas para garantizar su calidad de vida y el acceso a sus derechos en igualdad de condiciones.