En una resolución, la Defensora del Pueblo, Dra. Florencia Peñaloza, solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo de la Nación y del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) para eliminar barreras administrativas y proteger el derecho a la salud de los adultos mayores, afectado por nuevas restricciones en la cobertura de medicamentos al 100%.
Defensoría del Pueblo04/12/2024
Redacción Diario Popular Digital
La Defensoría del Pueblo de San Juan emitió una resolución en la que denuncia el impacto negativo de las modificaciones que endurecen los requisitos para el acceso a medicamentos con cobertura total por razones sociales a los afiliados del PAMI.
La resolución destaca que las nuevas medidas vulneran derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional, tratados internacionales y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Además, advierte que las exigencias administrativas, como la inscripción digital obligatoria, discriminan a un sector de la sociedad como lo son los jubilados y las jubiladas.
_“Es inadmisible que los adultos mayores deban enfrentar trabas burocráticas y administrativas para acceder a los medicamentos que necesitan. Estas medidas no solo afectan su salud, sino que además violan el principio de no discriminación consagrado en nuestra legislación y tratados internacionales”_, expresó la Defensora.
En este marco, la Defensora del Pueblo ha solicitado a la Defensoría del Pueblo de la Nación que ejerza su legitimación procesal contra las medidas del INSSJP, y ha instado a este organismo a implementar un entrecruzamiento de datos con ANSES y otras bases oficiales para automatizar los trámites de acceso al subsidio. La Defensoría también resalta la necesidad de adoptar un enfoque que respete el principio de no discriminación y garantice la dignidad de los adultos mayores.
Cabe recordar que el derecho a la salud, consagrado en la Constitución Nacional y Provincial, no solo implica la ausencia de enfermedad, sino el acceso equitativo a servicios médicos y medicamentos como bienes sociales esenciales. Asimismo, la creciente inflación y los elevados costos de vida colocan a los jubilados y pensionados en una situación de extrema vulnerabilidad.
_“El acceso a la salud no puede estar condicionado por ingresos, propiedades o trámites complejos. Es una obligación del Estado y de sus organismos garantizar que ningún adulto mayor quede excluido de su derecho a vivir con dignidad”_, concluyó la Defensora del Pueblo.
La Defensoría reafirma su compromiso de proteger los derechos de los adultos mayores, exigiendo acciones concretas para garantizar su calidad de vida y el acceso a sus derechos en igualdad de condiciones.
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