Discapacidad: más que una auditoría, una excusa para ajustar

Carla tiene 40 años y padece síndrome de Prader Willi, una enfermedad genética poco frecuente que afecta funciones básicas de su cuerpo. Pese a que el diagnóstico es irreversible, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) le envió una carta documento con la indicación de someterse a un examen médico para revalidar su condición. Como la carta le llegó a un domicilio que ya no es el suyo, el plazo para cumplir con el trámite se le venció. “Ahora no sabemos si le van a quitar la pensión por invalidez”, cuenta a Página/12 su mamá Beatriz, y agrega que en San Miguel de Tucumán, donde viven, hay al menos unas 50 familias más en riesgo de perder la ayuda del Estado.

Casos como el de Carla se extienden por todo el país. El titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo –exabogado de Javier Milei– avanza desde hace meses en una auditoría sobre las pensiones que reciben más de un millón de personas con discapacidad. Los requisitos y las condiciones para cumplir con ese proceso se convirtieron, de a poco, en un filtro: cartas documento con citaciones vencidas, filas interminables para realizarse estudios médicos y traslados de varios kilómetros hasta la clínica más cercana conformaron un combo que, según denuncian las organizaciones del colectivo, redundará en ajuste masivo en el número de beneficiarios.

En la clínica Santa Clara de Morón se vivió la semana pasada un ejemplo del caos en que se convirtió la auditoría de Spagnuolo: más de mil personas con discapacidad fueron citadas el mismo día para hacerse los estudios. “Muchos se tuvieron que ir sin ser atendidos y no tienen otra fecha estimada para completar el examen”, describió a este diario Nicolás Mazza, referente de la Asociación Civil "Ideharcelas", que administra un centro de día para jóvenes y adultos con Síndrome de Down en ese municipio del oeste bonaerense. 

Mazza cuenta que ese día en la sala de la Santa Clara hubo desmayos, gritos y tensión, porque los médicos no daban abasto para atenderlos a todos. “No fue un error puntual, ni un desorden casual, el Gobierno está apelando al desgaste y al cansancio de la gente para que abandone el beneficio", agregó. “Todo lo que estamos viviendo se puede resumir en una palabra: destrato”. 

llegada a los barrios populares y a los asentamientos de las grandes ciudades, por lo que habría miles de beneficiarios que jamás se enterarán que recibieron las notificaciones y quedarán suspendidos de la pensión. 

 
*Muchos de los domicilios no están actualizados, por lo tanto no todos son notificados en tiempo y forma y se les vence el plazo para cumplir con los requisitos, como en el caso de Beatriz y las 50 familias de San Miguel de Tucumán. La respuesta de ANDIS, en esos casos, es nula. 

*Las cartas documento, además, no tienen los apoyos necesarios para personas con discapacidad intelectual o las personas ciegas, por citar dos casos. Es decir, no son accesibles, lo cual es cuanto menos llamativo teniendo en cuenta que el remitente es el organismo del Estado encargado de las políticas públicas en la materia. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advirtió el problema y elaboró una guía para brindar información y con recursos útiles para quienes recibieron la citación.

 
*A quienes sí les llega la carta, viven todo tipo de trastornos, como sucedió en la clínica Santa Clara de Morón, con salas de espera rebalsadas; o como sucedió en provincias como Salta y Santa Fe, donde se obliga a los beneficiarios a trasladarse varios kilómetros para atenderse. 

Pero ahí no termina todo. Las modificaciones en el sistema fueron introducidas mediante la restitución de un decreto del menemismo (el 432/97) que restableció el modelo "médico" de la discapacidad, previo a la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, al que el país adhirió con rango constitucional en 2014; y se completó con la polémica Resolución 187/2025 que incluyó los términos "idiota" y "mogólico" pero que además introdujo un nuevo "baremo" para medir el “porcentaje de invalidez laboral” de cada persona. Todo ese combo endureció el acceso a la ayuda estatal. Spagnuolo recientemente pidió "perdón" por los insultos de esa norma, pero sigue vigente y hasta ahora no le tocó una sola coma.

 
Por eso, las organizaciones del colectivo le facturaron el debe durante su presentación ante el foro internacional "Global Disability Summit 2025", que se celebró en Berlín, la capital alemana, al que fue invitado como representante del Gobierno argentino. En una carta dirigida a las autoridades del foro, denunciaron que las auditorías "pretenden reducir significativamente el número de pensiones".