El fiscal que investiga a Juan Pablo Ortega en la causa por presunto tráfico de influencias pidió que el funcionario judicial sea detenido.

Ahora el juez de Garantías Andrés Abelín Cottonaro debe decidir si hace lugar o no a ese planteo efectuado anoche a última hora, por el fiscal Francisco Micheltorena, que actúa bajo la coordinación de Adrián Riveros, ambos de la UFI Delitos Especiales.

Durante dos años, que incluye su tarea en la asistencia jurídica al Colegio de Jueces del sistema acusatorio, Juan Pablo Ortega utilizó 27 celulares con su tarjeta SIM. Semejante cantidad no es normal para ningún usuario de teléfonos, salvo para aquellos que estén vinculados a un delito. Por eso, en la Unidad Fiscal Delitos Especiales sospechan que el funcionario judicial habría desplegado tal maniobra para evitar el registro de sus comunicaciones a través de aplicaciones de mensajería como Whatsapp en el marco de un tráfico de influencias.

Ortega será imputado por dicha conducta delictiva al, supuestamente, armarle una causa de abuso sexual a un hombre. En ese escenario, también estarán en la mira los restantes eslabones: otras dos funcionarias judiciales, la esposa y una amiga de Ortega, además de una abogada que es de su círculo de confianza. Así, les endilgarán a los cuatro, además, la conformación de una asociación ilícita, el ejercicio ilegítimo de la profesión y la violación de los deberes de funcionario público, aseguraron fuentes judiciales.

La investigación arrojó que Ortega uso 27 celulares con su tarjeta SIM, aunque aún no se ha determinado con quién o quiénes se comunicó. No obstante, representa un fuerte indicio dado que se trataría de una conducta propia del tráfico de influencias, indicaron las fuentes.