Educación realizará acciones preventivas frente a las falsas amenazas de bomba

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios y en conjunto con la Secretaría de Seguridad, llevará adelante una actividad de carácter educativo-preventivo para abordar la problemática de las denuncias falsas de amenazas de explosivos que se vienen registrando en instituciones escolares. La iniciativa contemplará espacios de sensibilización, actividades reflexivas y materiales pedagógicos para trabajar en las aulas con los alumnos. La jornada se desarrollará el 23 de septiembre y en el marco de la Semana de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios.

“La escuela es un espacio de ciudadanía y responsabilidad compartida, donde educar en valores es tan importante como enseñar contenidos. Por eso, necesitamos que nuestros estudiantes comprendan que una falsa denuncia no es un juego, sino un delito que impacta en toda la sociedad”, indicó la ministra de Educación, Silvia Fuentes.

Este tipo de hechos, que generan graves perjuicios a la comunidad educativa, implican la evacuación inmediata de las escuelas, la movilización de fuerzas de seguridad y emergencias, además de la alteración de la vida escolar y el riesgo real que conllevan los operativos.

La propuesta, presentada en el auditorio Eloy Camus por el director de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios, Luis Lucero, ante los supervisores del Ministerio de Educación incluirá actividades de sensibilización y de reflexión y materiales pedagógicos adaptados a los distintos niveles educativos.

Así serán las estrategias de intervención en las aulas

-“El costo de una broma”: se propondrá a los alumnos analizar, en grupos, las consecuencias legales, económicas, sociales y emocionales que acarrea una falsa denuncia. Este trabajo concluirá con la elaboración de paneles y debates que permitan dimensionar el impacto colectivo.

-Trabajo sobre información periodística: los estudiantes leerán y discutirán casos reales vinculados a amenazas falsas, identificando cómo se detecta a los responsables, qué delitos se les imputan y cuáles son las consecuencias legales. El cierre incluirá una mesa redonda y la creación de mensajes de concientización para redes sociales.

-Desarrollando la empatía: se presentarán escenarios donde una amenaza falsa afecta a un estudiante con discapacidad, a un padre que no logra comunicarse con su hijo o a una ambulancia desviada de una emergencia real. La actividad buscará que los jóvenes comprendan la magnitud emocional y social de estas acciones.

-“Llamá con conciencia”: mediante un video realizado en conjunto con la Secretaría de Seguridad, se invitará a los alumnos a reflexionar sobre el efecto de una llamada irresponsable al 911. Posteriormente, responderán preguntas que permitan visibilizar a quiénes afecta y de qué manera.

-Debate estructurado y juegos de roles: se planteará un caso hipotético en el que un estudiante, frente a un examen, piensa en realizar una amenaza falsa. Sus compañeros, representando distintos roles (amigos, docentes, conciencia), deberán orientarlo hacia una salida ética y constructiva.

Estas estrategias, adaptables a diferentes espacios curriculares, tienen como eje central la educación en valores, la formación ciudadana y la prevención de riesgos sociales.

A su vez, se incorporará la legislación vigentes contemplada en el Código Penal, que establece las sanciones para este tipo de conductas, como los artículos 149 bis (prisión de 6 meses a 2 años por realizar amenazas que busquen alarmar a la población, con penas más altas si son anónimas o se utilizan armas); 149 ter (penas de 3 a 10 años de prisión si la amenaza busca obtener algún beneficio de la autoridad o generar coacción); 211 sobre intimidación pública (de 2 a 6 años de prisión si la amenaza busca infundir temor colectivo o generar caos; hasta 10 años si se emplean explosivos o agentes químicos); y la Ley Antiterrorista (agrava las penas cuando la amenaza busca atemorizar a la población o presionar a autoridades públicas). También, la decisión del Ministerio Público Fiscal de sumar demandas civiles a los procesos penales.