En el primer juicio oral por el suicidio de un paciente en una comunidad terapéutica, la Fiscalía pidió este jueves una pena de 3 años de prisión de cumplimiento efectivo para un exempleado de seguridad del centro San Camilo, del partido bonaerense de Pilar, por homicidio culposo tras la muerte de un joven con consumos problemáticos e insulinodependiente que fue recluido en una habitación precaria a modo de castigo.

La jornada de alegatos comenzó pasadas las 9 en el Juzgado en lo Correccional Nro 4 de San Isidro con Ángel "Pipi" Súñez, exempleado de la Fundación San Camilo, en el banquillo de los acusados por la muerte, en 2013, de Saulo Rojas, un joven mendocino de 23 años.

Desde la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental en 2010, esta es la primera vez que un miembro de una comunidad terapéutica llega a juicio oral por el suicidio de un paciente.

Durante la audiencia de este jueves, la fiscal Paula Valeria Oyola pidió una pena de 3 años de prisión de cumplimiento efectivo y también solicitó que a Súñez se lo inhabilite por 10 años para ocupar cargos públicos o privados en cualquier tipo de institución donde se deba vigilar o cuidar a seres humanos.

"Son 9 años de lucha y de pedir justicia por mi hijo y por los otros chicos de San Camilo".