La coalición de Gobierno formada por PSOE y Unidas Podemos consensuó el proyecto tras arduas negociaciones en las que cada parte cedió y concedió. Entre sus puntos centrales, la iniciativa regulará los precios de los alquileres y penalizará las propiedades vacías.
Mundo - Internacional10 de octubre de 2021
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El Gobierno español anunció esta semana una ley de vivienda que, entre sus puntos centrales, regulará los precios de los alquileres y penalizará las propiedades vacías, iniciativa que busca solucionar los déficits en el área, que afectan a casi un cuarto de su población, pero que es rechazada por la oposición, que no la implementará en las comunidades donde gobierna y acudirá a la Justicia para anularla.
La coalición de Gobierno formada por PSOE y Unidas Podemos consensuaron el proyecto tras arduas negociaciones en las que cada parte cedió y concedió: los socialistas aceptaron regular los montos de los alquileres, algo a lo que en principio se oponían, y a cambio, sus socios darán su apoyo en el Congreso a la ley de Presupuestos 2022 que prevé el mayor gasto social en la historia.
Uno de los ejes de la iniciativa será obligar a las personas jurídicas con al menos 10 viviendas a bajar los alquileres en base a un índice de referencia
Uno de los ejes de la iniciativa será obligar a las personas jurídicas (inmobiliarias y fondos de inversión) con al menos 10 viviendas a bajar los alquileres en base a un índice de referencia, mientras que aquellos propietarios con menos de 10 inmuebles tendrán que congelar los precios y a cambio recibirán incentivos fiscales.
La gran barrera para avanzar con esto es que en España la política de vivienda es competencia de las comunidades autónomas y las gobernadas por el opositor Partido Popular (PP) ya anunciaron que no avanzarán en su implementación al apuntar que se trata de "un ataque a la propiedad privada".
La fuerza lidera las comunidades de Andalucía, Madrid, Galicia, Castilla y León y Murcia, que juntas suman más de 21 millones de habitantes y concentran casi la mitad de los 290.758 propietarios con más de 10 inmuebles que se verían afectados por la legislación, precisó el diario El País.
Tampoco aplicará otro punto central del proyecto: un recargo de hasta el 150% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas deshabitadas, pertenezcan a una persona física o jurídica que tenga más de cuatro propiedades.
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