Familiares de víctimas pidieron una ley contra la violencia institucional en CABA

Participaron de la reunión de la comisión de Seguridad de la Legislatura, para que se trate el proyecto de "ley integral contra la violencia institucional" presentado por el Frente de Todos

Política 27 de mayo de 2022 télam télam
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Familiares de víctimas pidieron este jueves en la Legislatura porteña que se trate el proyecto de "ley integral contra la violencia institucional" presentado por el Frente de Todos (FdT) y afirmaron que "puede salvar vidas que son valiosas para todos".

Los familiares participaron de la reunión de la comisión de Seguridad de la Legislatura, y entre ellos estuvo Félix Demonty, hermano de Ezequiel.

Félix relató, en ese sentido, que "en 2002 la Policía Federal secuestró a mi hermano a la salida de un boliche junto a dos amigos, los llevó a orillas del Riachuelo, donde fueron brutalmente golpeados y obligados a tirarse al río".

"Claudio, de 14 años en ese momento, y Julio, que tenía 19, pudieron salir con vida. Mi hermano apareció siete días después en las mismas aguas del Riachuelo, a 20 cuadras del lugar de los hechos", recordó.

Y, dirigiéndose a los legisladores y legisladoras, continuó: "Quiero hacer un llamado a la conciencia de ustedes para que este proyecto pueda ser tratado, primero en comisión y después en el recinto", y "que pueda ser ley para que no sigan matando a nuestros pibes y pibas en los barrios".

El proyecto para una "ley integral contra la violencia institucional" fue presentado en mayo de 2021 por la legisladora Lucía Cámpora (FdT) y lleva las firmas de sus compañeras de bloque María Bielli, Ofelia Fernández, Victoria Montenegro, Laura Velasco, el legislador Claudio Morresi y la legisladora mandato cumplido Lorena Pokoik.

La iniciativa propone crear centros de recepción de denuncias atendidos por personal ajeno a la policía y de un registro de violencia institucional que tenga a su cargo la tarea de clasificar las denuncias ocurridas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Además, establece procesos de capacitación en derechos humanos para la Policía de la Ciudad e incluye "reglas mínimas" para la participación de esta fuerza en manifestaciones públicas, así como "principios" sobre el empleo de armas de fuego.

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