Se trata de 22 represas ubicadas en ocho provincias que tienen sus conseciones privatizadas desde la decada del 90 y que a partir de agosto comienzan a vencerse. Se estudia prorrogar las mismas, generar nuevos contratos o recuperar la gestión del Estado.
Economía 23 de mayo de 2022
télam
El futuro de 22 represas hidroeléctricas cuyos vencimientos de concesión comenzarán a operar a partir de agosto de 2023, tras 30 años de manejo privado, ya entró en una etapa de debate y definiciones sobre la continuidad en manos privadas o retorno a la gestión estatal, a lo cual se suma el reclamo de las provincias para tener una mayor injerencia en el tema.
Fuentes oficiales explicaron que las opciones inicialmente en estudio son las de prorrogar las concesiones de los actuales operadores en el caso de que los mismos se manifiesten interesados; avanzar en nuevos contratos con otros operadores privados; o recuperar la gestión del Estado nacional perdida tras el proceso de privatización llevado adelante en los primeros años de la década del 90.
Esa definición no resulta menor teniendo en cuenta que si bien se asegura en el sector las centrales hidroeléctricas tienen un mantenimiento adecuado, se anticipa que el parque generador requerirá de importantes inversiones para la extensión de vida, ampliación de capacidad y mejora de eficiencia.
Estas inversiones no comprenderían al mantenimiento de las obras civiles, que se vienen realizando de manera rigurosa a través del Organismo Regulador de Seguridad de Presas (Orsep).
Al conjunto de opciones bajo análisis se sumó en los últimos meses el reclamo de varias provincias de ser parte de esa nueva gestión de las represas, con el argumento de que la Constitución de 1994 les otorgó a los estados la potestad sobre sus recursos naturales, en este caso el agua de sus ríos.
El planteo lo encabezan, en particular, las provincias de Neuquén y Río Negro, en cuyos territorios se levantan las represas cuyas concesiones comienzan a vencer en agosto de 2023, y que a la vez explican el 67% de la electricidad producida por las centrales hidroeléctricas.
De acuerdo al plan de modernización del Estado; se capacita a funcionarios y agentes para impulsar la eficiencia, modernización y transparencia en la prestación de servicios públicos.
Conscientes de la importancia de que cada actividad productiva tenga un desarrollo sustentable y dando cumplimiento a la normativa ambiental vigente, participamos de la actualización del Informe de Impacto Ambiental del proyecto minero Josemaría.
