Entre otros, debe resolver en torno a un amparo presentado por el Gobierno porteño contra el decreto que redireccionó los aportes por el traspaso de la policía a su administración, resuelto en septiembre de 2020, por un monto equivalente al 2,36% de la coparticipación.
Política 18 de julio de 2022
télam
La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene pendientes fallos de trascendencia política y económica que definirá en el segundo semestre del año, luego de la feria judicial, entre los que figuran el diferendo entre los Gobiernos nacional y de la Ciudad de Buenos Aires en torno a los fondos para financiar a la policía porteña.
La Corte debe resolver en torno a un amparo presentado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra el decreto que redireccionó los aportes por el traspaso de la policía a la administración porteña, resuelto en septiembre de 2020, por un monto equivalente al 2,36% de la coparticipación.
En uso de sus facultades la Corte convocó a una serie de audiencias, la primera de ellas celebrada en marzo pasado, entre funcionarios nacionales y porteños para que se llegara a un acuerdo, y luego dispuso una "mesa de trabajo" que se reunió en siete oportunidades con el mismo objetivo pero no hubo acuerdo y, por tanto, es el máximo tribunal quien debe definir el monto justo.
En este sentido, ambas partes apuestan por una salida equilibrada que reduzca la redistribución de fondos que firmó el presidente Alberto Fernández pero no la anule, eso dentro de los márgenes que le deja al tribunal supremo definir la cuestión de fondo, es decir, el dinero que demanda sostener la policía porteña.
También en materia de reclamos previsionales la Corte tiene una deuda que pretende saldar, aunque no en su totalidad, ya que es prácticamente imposible que un tribunal con cuatro magistrados resuelva los más de siete mil planteos que están aguardando sentencia en el cuarto piso del Palacio de Justicia.
No obstante, los asesores letrados de la Corte evalúan la presentación del abogado de la seguridad social Miguel Fernández Pastor contra la ley 27.426 que impulsó Mauricio Macri como presidente en 2017, que modificó la fórmula de movilidad.
Con la fórmula aplicada de manera retroactiva por la gestión macrista entre septiembre de 2017 y diciembre de 2019 se calcula que los jubilados perdieron un 20% por ciento de su poder adquisitivo.
El Gobierno de San Juan a través del Ministerio de Salud continúa trabajando en acciones de bloqueo y descacharreo en diferentes zonas de la provincia.
