Napalpí: quedan jueces en la Argentina

Desde hace siete años la justicia federal de Buenos Aires concentra en dos jueces de primera instancia la casi totalidad de las causas contra funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner. En la Casación, dos jueces concentran también todos los planteos de incompetencia en esos procesos y absorben la de otros en causas que involucran a funcionarios del gobierno de Macri. Todo esto se jalona con sorteos en que el azar provee coincidencias increíbles. Pero los dos afortunados jueces de la máxima instancia penal federal también visitaron quince veces a Macri, por “vieja amistad” y para “jugar al paddle” y, por otra casualidad, algunas de sus visitas coinciden con resoluciones por las que éste los felicitó públicamente y también criticó a la jueza que votó en disidencia. Estos son algunos, entre otros hechos.

En el curso de los procesos se cometieron varios prevaricatos, pero el más claro fue procesar por traición a la Nación sin que hubiese ninguna guerra, aunque no lo fue menos inventar un nuevo impedimento para la excarcelación (los “vínculos residuales”). Tampoco lo fue detener a quienes si las citaban hubiesen ido caminando, en la madrugada y en ropas de dormir o disfrazarlos “por razones de seguridad” y mostrarlos a las cámaras de televisión, o admitir que un fiscal procesado siga actuando amparado en sus fueros, o que se persiga a una fiscal porque sacó a luz un “arreglo” en favor de la familia de Macri, es decir, algunos entre otros hechos.

Y todo eso lo mira con indiferencia una Corte Suprema integrada por dos jueces que aceptaron sin pestañear un posible nombramiento sin acuerdo del Senado, que quiso aplicar el cómputo del 2×1 a los genocidas que nunca habían estado en prisión preventiva, que luego lo revocó admitiendo en dos votos la aplicación retroactiva de la ley penal, que resolvió una cuestión técnica epidemiológica con riesgo masivo para la salud y la vida sin escuchar a ningún perito, que legisló declarando vigente una ley derogada para apoderarse del control del Consejo de la Magistratura, que ante un recurso que probaba por instrumento público que a un testigo “clave” se le había pagado con un hotel respondió con un “certiorari” (no me interesa), que admitió el traslado de jueces por disposición del Ejecutivo, y uno de cuyos integrantes tuvo algo que ver en la cordial “demora” de un senador, para que no pueda votar en favor de un juez “indócil”, por cierto que entre otros hechos.