Reconocen el derecho a incorporarse a la causa judicial por los acuerdos con el FMI

La Justicia reconoció el derecho de todo ciudadano del país a incorporarse en la causa judicial para cuestionar la constitucionalidad y legalidad del acuerdo con el FMI. Ante la presentación de unos 150 dirigentes políticos, gremiales, sociales y de derechos humanos, que solicitaron que se “declare la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable de cada una de las Cartas de Intenciones y de los Acuerdos Stand-By firmados por el Poder Ejecutivo y el Fondo Monetario Internacional durante el año 2018 y 2019”, el juez Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo N°11, decidió dar curso formal a la acción judicial y admitir su carácter “colectivo”.

La presentación fue realizada el 10 de marzo pasado por la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Hugo “Cachorro” Godoy, el director del Banco Nación Claudio Lozano, el titular de la CTA Autónoma Ricardo Peidro, el concejal de Unidad Popular en el Frente de Todos Víctor De Gennaro, la presidenta de Unidad Popular CABA Ing. María Koutsovitis, el ex senador Rubén Giustiniani, la abogada feminista Nina Brugo, el fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad y de “El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos” Jonatan Baldiviezo, la Legisladora de la Ciudad (MC) Laura Garcia Tuñon, la economista Beverly Keene, entre otros. Además, cuenta con el respaldo del premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

Según consideraron los referentes en un comunicado, “en un hecho histórico, la Justicia decidió dictar una sentencia de fondo, es decir, resolvió no rechazar la demanda por cuestiones formales sino fallar declarando o no la nulidad de los acuerdos con el FMI”.

De acuerdo a su postura, los acuerdos con el FMI “violan la Constitución de la Nación Argentina (artículos 4; 75 inciso 4, 7 y 22; 76; 99, inciso 3), el artículo 53 de la Ley N° 24.156, los artículos. 3 y 14 de la Ley N° 19.549, y los derechos colectivos de la ciudadanía argentina a la participación en la dirección de los asuntos públicos directamente o a través de sus representantes”.