Crece la tensión a la espera que el Congreso decida sobre la continuidad del gabinete

El paréntesis que se abrió el lunes pasado en Perú, cuando la sesión en la que el Congreso decidía si le da el voto de confianza al nuevo gabinete ministerial se suspendió por 10 días, sumó más elementos al conflictivo escenario político, lo que incluye una pretendida reforma fiscal y la reaparición de la controversia en torno al gas.

Transcurridos la mitad de los días de suspensión, hoy, como al comienzo, no hay seguridad de si el Congreso le dará luz verde a la primera ministra, Mirtha Vásquez, o si habrá un rechazo que gatillaría el punto de mayor choque entre un Legislativo controlado por fuerzas de derecha y el Gobierno de izquierda del presidente Pedro Castillo.

"¿Qué necesita el país? Claridad de rumbo y estabilidad ¿Qué hace el Congreso? Posterga por 10 días (no dos, o tres) la votación. ¿Qué harán en esos 10 días? ¿Llevar la fiesta en paz? ¿O buscarán atacar y chantajear?", dijo la exparlamentaria socialista Marisa Glave, una las tantas que reaccionaron con suspicacia.

La sesión transcurría en medio de la tensión que caracteriza al contacto entre ambos poderes -aunque esta vez con el añadido de que una parte del partido oficialista Perú Libre (PL) también rechaza al gabinete-, pero todo quedó en suspenso por el fallecimiento del legislador de izquierda Fernando Herrera Mamani, quien sufrió un paro cardiorrespiratorio cuando seguía el debate virtualmente.

La directiva del Congreso anunció que la sesión se reanudaría tras unas horas, pero luego optó por los 10 días para, según dijo, seguir la agenda: rendir honores póstumos, cumplir con un plenario programado para la ciudad de Cajamarca y acatar el feriado del 1 de noviembre.

Hasta ese momento, todo transcurría según lo previsto: una exposición de Vásquez sobre 10 ejes de acción, ataques para el gabinete desde la derecha y el bando fundacional de PL, discursos críticos pero más conciliadores de la centroderecha y el centro y apoyo de la otra parte del oficialismo y de su aliado de izquierda Juntos por Perú.

Castillo agregó combustible ese mismo día, cuando en una visita a la selva retomó sorpresivamente la propuesta de "nacionalizar" los yacimientos gasíferos de Camisea, vitales para el país, lo que le generó duros ataques.

El presidente dijo después que no hablaba de estatizar sino de poner al gas al servicio nacional, pero igual reinstaló un debate que estaba casi superado, pues todos los sectores apoyan con matices renegociar el contrato con el consorcio que explota Camisea, del que forman parte las argentinas Pluspetrol y Tecpetrol.