El tribunal estableció la prisión perpetua para los exoficiales de Inteligencia del Ejército Carlos Alberto Suárez, Rubén Enrique Fernández y Carlos Víctor Milanese, como coautores de los delitos "privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas e imposición de tormentos agravado por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos, y homicidio calificado".
Política05 de octubre de 2021
télam
El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata condenó este lunes a prisión perpetua a tres exoficiales de Inteligencia del Ejército acusados de violaciones a los derechos humanos, cometidas durante la última dictadura en la órbita de la denominada Subzona Militar 15.
Los magistrados impusieron además una pena de dos años de cárcel a otro de los imputados y absolvió a los tres restantes, todos ellos miembros de la misma arma, por considerar que no pudo probarse la acusación fiscal durante el proceso oral.La sentencia fue dada a conocer tras ocho meses de juicio, en los que se expusieron hechos de los que resultaron víctimas más de 140 personas y que corresponden al segundo tramo de esta causa.
Los crímenes denunciados abarcan a los distritos bonaerenses de General Pueyrredón, Balcarce, Necochea, General Lavalle, General Madariaga, Mar Chiquita, General Alvarado, Lobería y San Cayetano, que se encontraban bajo comando del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601 (ADA 601), con intervención de las Jefaturas de las Áreas 15.1 y 15.2, a cargo de los Grupos de Artillería de Defensa Aérea 601 y 602.
El tribunal, integrado por los jueces Fernando Machado Pelloni, Néstor Sagretti y Lucía Morguese Martín, condenó a prisión perpetua a los exoficiales de Inteligencia del Ejército Carlos Alberto Suárez (70), Rubén Enrique Fernández (72) y Carlos Víctor Milanese (74).
En línea con el pedido realizado en los alegatos por la fiscal federal Laura Mazzaferri, los jueces consideraron de manera unánime que los tres son responsables como coautores de los delitos "privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas e imposición de tormentos agravado por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos, y homicidio calificado".En un fallo por mayoría, en cambio, consideraron además que formaron parte de una asociación ilícita.
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