Leandro Santos es acusado de formar parte de una organización de trata de mujeres. Según el fallo de 75 páginas al que tuvo acceso Télam, la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal dispuso también la prohibición para salir del país de los cuatro imputados.
Policiales 16 de julio de 2021
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La Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó este jueves el procesamiento sin prisión preventiva y dejó al borde del juicio oral al representante de modelos Leandro Santos, acusado de formar parte entre 2009 y 2014 de una organización de trata transnacional que captaba a mujeres con fines de explotación sexual, informaron fuentes judiciales.
La decisión por mayoría de la Sala I ratificó el fallo de diciembre del año pasado del juez federal Sebastián Casanello, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 7.
Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens también confirmaron un embargo de 10 millones de pesos sobre los bienes de Santos y el procesamiento de dos hermanos del principal imputado, Micaela Hebe Santos y Rodrigo Ernesto Santos, como así también de Luis César Zanardi.
Según el fallo de 75 páginas al que Télam tuvo acceso, la Sala I dispuso, además, la prohibición para salir del país de los cuatro imputados, quienes habían sido indagados a fines de noviembre de 2020.
El juez Llorens votó parcialmente en disidencia al considerar que había que modificar la calificación legal de la imputación, por la de autor del delito de "promoción y facilitación de la prostitución de un mayor de dieciocho años reiterado en cinco oportunidades y promoción de la prostitución agravado por haber sido cometido mediante engaño", que estipula una pena de entre 4 y 10 años.
Sin embargo, sus colegas Bruglia y Bertuzzi convalidaron el procesamiento de Casanello "por haber liderado o haber formado parte entre junio de 2009 y diciembre de 2014, de forma sostenida, una organización criminal trasnacional dedicada a captar, trasladar -tanto dentro del país como desde o hacia el exterior-, acoger y recibir mujeres mayores de edad -de nacionalidad argentina y uruguaya- con fines de explotación sexual", que establece una pena de 4 a 8 años de prisión.
El Gobierno de San Juan a través del Ministerio de Salud continúa trabajando en acciones de bloqueo y descacharreo en diferentes zonas de la provincia.
